Uno de los puntos en los que insistimos con más fuerza desde Yo Decido Cómo Recibo es en la necesidad de pensar en toda esa población de nuestro país que todavía carece de medios para subirse al tren del progreso tecnológico.

En ese sector encontramos a varios colectivos, como pueden ser por ejemplo las personas mayores a las que los avances en tecnología e información les han quedado fuera de su alcance. Pero también hay que hablar de otro de esos grupos, seguramente el más olvidado por todos. Estamos hablando de quienes viven en las zonas del mapa donde la conexión a internet no llega o lo hace de forma muy deficiente.

Al decir esto encontrándonos en uno de los países del denominado primer mundo, muchos se pueden sorprender. Pero la realidad es que según un informe del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital existen todavía 2.682 localidades cuya conexión a internet no existe o es inferior a diez megas. Si hacemos la cuenta de todas las personas que viven en esos dos millares y medio de pueblos, el dato no sólo será sorprendente para muchos, sino también alarmante. Además, el mismo estudio arroja que hasta 600.000 hogares españoles no disponen de conexión a internet o disponen de una inferior a los dos megas.

Estos preocupantes datos contrastan con la meta que se ha marcado la Unión Europea, que pretende que para el año 2020 cada habitante de su territorio tenga un mínimo de 30 megas a su disposición.

Las consecuencias de estos datos son terribles, y para darse cuenta de ello basta con reflexionar acerca de la importancia que tiene internet en el mundo actual. Nos comunicamos a través de la red, nos informamos al instante gracias a ella, nos sirve como herramienta para buscar trabajo… Posibilidades que efectivamente hace un par de décadas no existían, pero que es innegable que han cambiado el mundo en el que vivimos, haciendo muy difícil la integración de quienes no disponen de ese hilo conector.

Es por ello que debemos evitar que ese tren del progreso tecnológico se lleve por delante a todas estas personas que en cierto modo quedarían excluidas de la sociedad. Es necesario que estos habitantes no queden en el olvido y sean tenidos en cuenta cuando se toman las decisiones, ya que como hemos visto en los datos facilitados por el Ministerio son más numerosos de lo que mucha gente puede pensar. De ahí que resulte de vital importancia el cumplimiento de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que en su artículo 63 expone claramente el derecho de cada ciudadano a recibir sus facturas en papel de forma gratuita y la prohibición expresa de que nadie pueda hacerle cambiar este formato por el electrónico sin su previo consentimiento.

Sería de ignorantes negar que la implantación de la factura en formato electrónico lleva consigo ciertas ventajas. Pero algo muy distinto es imponer de forma obligatoria su utilización, ya que estaríamos olvidando a un porcentaje importante del país que se vería completamente fuera del sistema. Nuestra plataforma intenta evitar esto y lucha para que estas personas tengan la posibilidad de elegir libremente en qué formato quieren recibir las comunicaciones.